Miles de personas que solicitaron la nacionalidad española por residencia siguen esperando una resolución que en algunos casos supera los tres o cuatro años. Esta situación, reconocida oficialmente por el Ministerio de Justicia, ha generado una sensación de bloqueo institucional que afecta directamente a los derechos de quienes aspiran a convertirse en ciudadanos y ciudadanas plenas. En 2025, el Ministerio ha impulsado nuevas medidas para afrontar este atasco histórico.

El problema no es menor: según el último balance estadístico publicado en junio de 2025, persistían 243.949 expedientes pendientes, muchos de ellos presentados antes de 2024. Detrás de estas cifras hay personas que estudian, trabajan, pagan impuestos y que, sin embargo, ven postergado su acceso a derechos políticos y a una seguridad jurídica plena.

Un nuevo Plan de Choque en 2025

Ante esta realidad, en marzo de 2025 se puso en marcha el segundo Plan de Choque con un presupuesto oficial de 1.865.872 euros. El objetivo: reforzar la capacidad de resolución de expedientes atrasados, tanto los derivados de la residencia como los de la Ley de nacionalidad para sefardíes.

El plan incluye medidas extraordinarias: contratación de refuerzos temporales, realización de jornadas extraordinarias y formación específica para el personal funcionario. No es la primera vez que se recurre a un plan de choque: ya en 2021 y 2022 se aplicaron medidas similares, aunque los resultados fueron parciales. La diferencia actual es que el Ministerio ha asumido públicamente la magnitud del problema y ha apostado por una estrategia más integral.

La plantilla real: apenas 21 funcionarios

Un elemento clave para entender el colapso es la dotación de personal. La información oficial sobre el número exacto de funcionarios de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil no se publica en la Carta de Servicios del Ministerio de Justicia. Sin embargo, una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) consultada a través del Portal de Transparencia confirma que, a septiembre de 2025, la plantilla estable de la Subdirección está compuesta por 21 funcionarios adscritos directamente a la unidad.

Esta cifra constituye el núcleo del personal que gestiona de manera ordinaria los cientos de miles de expedientes de nacionalidad. Los refuerzos de los planes de choque pueden incrementar puntualmente el número, pero no modifican la plantilla estructural. El contraste entre los casi 244.000 expedientes pendientes y la existencia de solo 21 funcionarios de base permite dimensionar la magnitud del atasco.

Digitalización y automatización

La novedad más destacada de este ciclo es la digitalización integral del proceso de solicitud. El Ministerio ha implantado una plataforma de gestión digital que permite notificación electrónica, seguimiento telemático y automatización parcial de fases de revisión.

Esto supone un cambio estructural: ya no se depende solo del refuerzo humano, sino de sistemas informáticos capaces de agilizar trámites repetitivos y estandarizados. Según el propio Ministerio, esta transformación busca garantizar más rapidez y, al mismo tiempo, transparencia en las resoluciones.

El peso de la espera

Sin embargo, la pregunta clave es: ¿son suficientes estas medidas?

El retraso en la concesión de nacionalidad no es una cuestión menor ni solo burocrática. Afecta a la integración plena de la población migrante, a su acceso a empleos en sectores restringidos, a la posibilidad de votar o ser electos, y a la seguridad de sus proyectos familiares. Mientras se habla de digitalización y refuerzos administrativos, decenas de miles de personas siguen atrapadas en una incertidumbre que condiciona sus vidas.

Diversas asociaciones de migrantes y colectivos sociales llevan años reclamando que el acceso a la nacionalidad debe entenderse como un derecho vinculado a la igualdad y la ciudadanía, y no como un privilegio sujeto a la eficiencia de un sistema colapsado.

Transparencia y confianza pública

El hecho de que el propio Ministerio de Justicia haya publicado estadísticas actualizadas en junio de 2025 es un avance en materia de transparencia institucional. Hasta hace pocos años, los datos sobre expedientes pendientes eran opacos y difíciles de verificar.

No obstante, el reto no es solo publicar números, sino garantizar que las medidas extraordinarias tengan impacto real en la vida de las personas solicitantes. De nada sirve anunciar planes millonarios si al final los tiempos de espera siguen superando los plazos razonables establecidos en la normativa.

Una oportunidad para repensar el sistema

El atasco en la nacionalidad española por residencia no es solo un fallo coyuntural de gestión. Refleja también la necesidad de replantear el modelo administrativo:

• Dotación estable de personal especializado, más allá de planes temporales.
• Revisión de los plazos legales, garantizando que se cumplan efectivamente.
• Mayor coordinación entre registros civiles, Ministerio de Justicia y plataformas digitales.
• Participación de la sociedad civil en el seguimiento y evaluación del sistema.

La nacionalidad es un pilar de inclusión. Tratarla como un expediente más es desconocer su papel en la construcción de ciudadanía y en la cohesión social.

Y ahora, ¿qué?

Las novedades anunciadas en 2025 representan un paso adelante: digitalización, refuerzo administrativo y compromiso de transparencia. Sin embargo, la magnitud del atasco —casi un cuarto de millón de expedientes pendientes y apenas 21 funcionarios ordinarios para gestionarlos— exige un cambio más profundo.

Resolver el colapso no es solo un asunto de eficiencia, sino de derechos fundamentales y de justicia social. Cada expediente no resuelto representa a una persona a la espera de ser reconocida como ciudadana de pleno derecho.

La oportunidad está sobre la mesa: transformar el sistema para que la nacionalidad deje de ser un camino incierto y se convierta, como corresponde, en un derecho garantizado.

Fuentes citadas

1. Ministerio de Justicia. Plan de Choque para impulsar la resolución de expedientes atrasados (marzo 2025).
2. Ministerio de Justicia. Estadísticas de nacionalidad española a 30/06/2025.
3. Ministerio de Justicia. Información institucional sobre trámites de nacionalidad y digitalización.
4. Portal de Transparencia. Relación de Puestos de Trabajo de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil (septiembre 2025).

Esta frase, tan sencilla como brutal, resume el enfoque con el que muchos Estados abordan la movilidad humana en pleno siglo XXI. Para millones de personas en todo el mundo, emigrar no es una opción, sino una necesidad. Sin embargo, lejos de encontrar protección o acogida, se enfrentan a muros, alambradas y normativas que los transforman, de forma casi automática, en infractores. ¿En qué momento huir del hambre, la violencia o la falta de oportunidades se convirtió en un crimen?

Migrar no es ilegal. Ser pobre, sí.

Pocas ideas están tan arraigadas como la de que hay formas “legales” e “ilegales” de emigrar. Pero lo que realmente diferencia a quienes pueden moverse libremente de quienes se arriesgan a cruzar el mar en una patera no es la voluntad, ni el deseo de progreso, sino el pasaporte que portan. Mientras una persona europea puede aterrizar en América Latina o África sin visa, una persona de Mali, Honduras o Marruecos necesita sortear una carrera de obstáculos burocráticos, visados restrictivos, entrevistas consulares arbitrarias y cuantías imposibles de acreditar.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 27.000 personas han muerto intentando llegar a Europa desde 2014. No porque quisieran evadir controles, sino porque no existía otra vía para solicitar protección o simplemente vivir con dignidad. ¿Quién tiene el derecho a decidir quién puede vivir dónde?

De refugiado a sospechoso: la doble vara migratoria

La guerra en Ucrania reveló una realidad incómoda. En cuestión de días, millones de personas desplazadas fueron acogidas con procedimientos simplificados, acceso directo a la vivienda, salud y educación. Una respuesta justa y solidaria que demostró que otra política migratoria es posible… pero no para todos.

Las personas que huyen de Siria, Afganistán o Eritrea —países devastados por conflictos similares— encuentran un trato muy distinto: controles fronterizos reforzados, externalización de fronteras, detenciones en CIEs y devoluciones en caliente. Se establece así una jerarquía de migrantes: los bienvenidos y los sospechosos, los que “merecen” protección y los que “vienen a aprovecharse”.

La criminalización se refuerza a través del lenguaje: se habla de “avalancha”, “oleada” o “efecto llamada”. Palabras que deshumanizan y alimentan la percepción de amenaza. Pero, ¿qué amenaza puede representar una madre que huye con sus hijos en busca de refugio?

El delito de no tener papeles

En España, residir sin autorización administrativa no es delito penal desde la reforma de 2015, pero sigue siendo una infracción grave sancionable con expulsión o multa. Muchas personas migrantes son detenidas, retenidas en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) hasta 60 días o deportadas sin juicio. La falta de documentación se convierte, en la práctica, en una excusa para privarlas de libertad y derechos.

En algunos casos, incluso se restringe el acceso al empadronamiento, a la asistencia sanitaria o a la escolarización de menores, pese a tratarse de derechos reconocidos por la legislación nacional e internacional. La irregularidad administrativa se convierte así en una forma de exclusión estructural.

¿Y si cambiamos la pregunta?

Frente a la obsesión por controlar, vigilar y excluir, conviene plantear otra mirada: ¿por qué emigran las personas? ¿Qué responsabilidad tienen los países de destino en los contextos que generan esas migraciones? ¿Y qué efectos tiene la criminalización sobre la vida de las personas y la cohesión social?

Los datos desmontan muchos mitos. La mayoría de personas migrantes trabaja, cotiza, emprende. Aportan más de lo que reciben. Son parte fundamental del presente y del futuro de nuestras sociedades.

Una cuestión de derechos humanos, no de fronteras

Desde MIGENE, lo tenemos claro: migrar es un derecho, no un delito. La movilidad humana debe abordarse desde la justicia social, la equidad global y la dignidad. Criminalizar a quien migra solo perpetúa el miedo, la desigualdad y la exclusión.

Necesitamos políticas públicas que reconozcan la humanidad de todas las personas, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. Necesitamos narrativas que desmonten el prejuicio y devuelvan el protagonismo a quienes se ven obligados a cruzar fronteras en busca de un futuro mejor.

Porque ninguna persona es ilegal. Y porque detrás de cada cifra hay un rostro, una historia y una esperanza que merece ser escuchada.

Referencias

1. Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Missing Migrants Project. Disponible en: https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
2. Migration Policy Institute (2020). Visas and Walls: Border and Entry Restrictions in Response to Covid-19. Disponible en: https://www.migrationpolicy.org/
3. Eurostat (2023). Temporary protection of displaced persons from Ukraine. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230503-1
4. Eurostat (2023). Enforcement of immigration legislation – Statistics Explained. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Enforcement_of_immigration_legislation_statistics
5. Organización Internacional para las Migraciones (2022). Informe sobre Migración en el Mundo. Disponible en: https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022
6. Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Art. 53.1.a. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544

Aunque cada año miles de mujeres cruzan fronteras huyendo de la violencia, la trata o la persecución por motivos de género, sus historias rara vez encajan en los marcos jurídicos diseñados para otorgar protección. Las políticas de asilo, aparentemente neutras, arrastran una lógica que prioriza el relato masculino de la persecución política, mientras silencian las formas más comunes de violencia que sufren millones de mujeres en todo el mundo.

Las políticas que no ven

Según datos del Informe CEAR 2025, del total de personas solicitantes de asilo en España en 2024, el 39,6% fueron mujeres. En países como Colombia o Venezuela, principales lugares de origen, las mujeres representan más del 50% de las personas desplazadas forzosamente, muchas de ellas huyendo de violencia basada en género o amenazas en contextos de conflicto armado.

El sistema de asilo en España —como en gran parte del mundo— no contempla adecuadamente las violencias estructurales y específicas que obligan a las mujeres a abandonar sus países. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advierte en su Informe 2024, publicado en junio 2025, que “el enfoque de neutralidad del sistema de asilo no responde a la realidad de mujeres que han huido de persecución por violencia de género, mutilación genital femenina o trata”. Estas formas de violencia, aunque reconocidas por el derecho internacional, son frecuentemente ignoradas o minimizadas durante las entrevistas y los procesos de evaluación.

Además, muchas mujeres no pueden contar su historia. La falta de intérpretes con formación en violencia de género, el temor a la revictimización, y la presión para demostrar hechos íntimos e inmateriales ante funcionarios ajenos a su realidad, construyen una barrera casi infranqueable. Como señala el Informe CEAR 2023, en muchos casos “la ausencia de garantías y apoyos adecuados impide a las mujeres relatar lo vivido”.

Violencias que no caben en el relato oficial

De acuerdo con Amnistía Internacional (2023), 8 de cada 10 mujeres entrevistadas en contextos de desplazamiento en América Latina reportaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual o de género en su país de origen o durante el trayecto migratorio. Sin embargo, estas experiencias no son tenidas en cuenta como motivos suficientes para obtener protección internacional.

Las violencias que atraviesan a las mujeres migrantes y refugiadas no empiezan ni terminan en las fronteras. En muchos casos, su desplazamiento comienza dentro de su propio hogar o comunidad. La violencia sexual, los matrimonios forzados, la trata con fines de explotación y la violencia doméstica no se reconocen como “persecución política” bajo la mirada tradicional.

El informe regional de Amnistía Internacional (2023) sobre mujeres desplazadas en América Latina señala: “Los Estados siguen tratando las migraciones como fenómenos neutros, ignorando cómo el género, la etnicidad y la clase agravan la vulnerabilidad” (p. 10). Esta invisibilidad no es un descuido: es parte de una estructura institucional que sigue sin mirar los cuerpos y experiencias que desbordan el modelo clásico del refugiado político.

Diana Britto lo resume magistralmente: “El rostro del desplazamiento forzado no es neutro. Tiene cuerpo de mujer, historia de exclusión y resistencia” (Brito, 2010).

Resistir cuidando

Según el informe de Montalvo (2025), más del 60% de las mujeres desplazadas entrevistadas reconocieron haber creado o participado en redes de apoyo informales durante su tránsito migratorio, como forma de resistir la desprotección institucional. Estas redes incluyen cuidado mutuo, organización logística, contención emocional y protección ante agresiones.

Frente a la ausencia institucional, las mujeres refugiadas han desarrollado prácticas colectivas de protección y cuidado que garantizan su propia supervivencia. El artículo de Montalvo (2025) recoge estos gestos como expresiones de agencia política: “El cuidado no es un acto secundario. Es una práctica política que permite a las mujeres desplazadas sostener la vida en medio del desarraigo”.

Uno de los ejemplos más potentes es el fanzine de cuidados en movimiento, una revista elaborada por mujeres en situación de desplazamiento forzado. En sus páginas recogen estrategias para protegerse durante el trayecto migratorio, mantener la salud mental, criar en contextos hostiles o resistir al control institucional. Lejos de la imagen de víctima pasiva, estas mujeres se cuidan entre ellas, se narran y se reconstruyen.

La urgencia de otra mirada

Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en la necesidad de reformar los sistemas de protección desde una lógica feminista e interseccional. No se trata solo de incluir a las mujeres en las estadísticas, sino de transformar las reglas del juego.

CEAR reclama que “las violencias machistas sean tratadas como causas legítimas de protección internacional” (Informe 2025).

Escuchar es proteger

Escuchar a las mujeres refugiadas no es un gesto compasivo: es una obligación ética. Mientras sus relatos sigan siendo descartados por “no encajar” en los moldes tradicionales del asilo, el sistema seguirá perpetuando su exclusión.

Como escribió una activista desplazada en las páginas del fanzine de cuidados:

“No basta con abrir las fronteras. Hay que abrir los ojos.”

Conclusión

Las mujeres refugiadas no solo enfrentan el abandono de sus países de origen, sino también la incomprensión de los sistemas de asilo que deberían protegerlas. Sus voces no encajan en las categorías tradicionales del derecho, pero sí hablan de experiencias de violencia que exigen una respuesta urgente y transformadora. Incorporar una perspectiva de género y justicia social no es una opción: es una deuda histórica. Nombrarlas, escucharlas y garantizar su derecho a vivir libres de violencia debe estar en el centro de cualquier política migratoria que se llame humana.

Referencias bibliográficas

Mientras algunos discursos políticos insisten en hablar de “avalanza migrante”, los datos oficiales muestran otra realidad: lo que amenaza nuestro futuro no es la llegada de migrantes, sino su ausencia.

La falsa “razón” del miedo

Se nos dice que España “no puede acoger más”, que los servicios están colapsados, que la inmigración es un exceso. Pero esa no es la verdadera razón: es miedo disfrazado de lógica.

El INE, Eurostat y la ONU coinciden: España no está “llena”, sino en riesgo de vaciarse.

La verdadera razón: los números oficiales

• Fertilidad: 1,3 hijos por mujer (INE).
• Proyección: sin migración → 32 millones de habitantes en 2100 (ONU).
• Envejecimiento: en 2050, más del 30 % de la población será mayor de 65 años (Eurostat).
• En 2023, más del 80 % del crecimiento poblacional vino de la inmigración (INE).

Los números no mienten: sin migración, el sistema social se derrumba.

La natalidad no basta

Incluso con políticas de natalidad ambiciosas, los resultados no llegarían hasta dentro de 20 años. Mientras tanto, ¿quién sostendría la economía y los cuidados? Además, reducir el debate a “más hijos” cosifica a las mujeres como instrumentos de política poblacional.

Migración y seguridad: Pamplona como ejemplo

• 2024 → criminalidad subió un 0,6 %, el menor aumento en una década (Noticias de Navarra).
• 2025 → tasa de 75,5 infracciones por cada 1.000 habitantes, muy similar a la media estatal (Delegación del Gobierno en Navarra).

Migración no equivale a delincuencia: los datos lo confirman.

Retos de integración

No se trata de negar dificultades. La migración exige gestión responsable:

• acceso a vivienda asequible,
• inclusión laboral justa,
• programas educativos que favorezcan la convivencia.

La clave no es cerrar la puerta, sino gobernar la migración con justicia y visión.

Un horizonte con sentido

Los números nos alertan, pero la esperanza nos impulsa. La migración es semilla de futuro:

• llena aulas vacías,
• revive pueblos despoblados,
• sostiene el sistema de cuidados.

Para España, significa revitalización.

Para Europa, recordar que siempre fue tierra de mestizajes.

Para la ciudadanía, elegir entre miedo que encierra o esperanza que abre.

Conclusión

La migración no es un problema que sumar, sino una vida que multiplica.

Es razón y esperanza al mismo tiempo.

Es, en definitiva, la buena noticia que España y Europa necesitan para volver a creer en su futuro.

¿Es la migración nuestra esperanza?

Imagina despertar un día y descubrir que, de la noche a la mañana, España se ha quedado sin inmigración. No habría manos en el campo, ni cuidados en residencias, ni aulas sostenidas por la diversidad. ¿Cómo afectaría esto a nuestra sociedad?

Esta fue la pregunta que planteó recientemente Paula Costa Correa, presidenta de MIGENE Navarra e investigadora en la Universidad de Navarra. Sus reflexiones, difundidas por EFE, ABC, Noticias de Navarra y Heraldo de Aragón, han abierto un debate urgente: desmontar los mitos que rodean la migración y reconocer su papel esencial en nuestro futuro.

Un país que no se sostiene sin inmigración

• La tasa de fertilidad en España es de 1,3 hijos por mujer (INE).
• Sin inmigración, la población podría pasar de 47 a 32 millones en 2100 (ONU).
• En 2050, más del 30 % de los habitantes tendrá más de 65 años (Eurostat).

👉 Los números son claros: sin migración, el sistema de pensiones, la sanidad y los cuidados colapsarían.

España se vacía, no se llena

Más de la mitad de los municipios tienen menos de 1.000 habitantes. Provincias como Teruel, Soria o Cuenca sufren una despoblación crónica.

Lejos de saturar, la migración mantiene vivas las escuelas, los comercios y los servicios básicos en muchos pueblos.

Seguridad: el caso de Pamplona

Uno de los grandes temores es asociar migración con delincuencia. Pero las cifras oficiales lo desmienten:

• En Pamplona, la criminalidad en 2024 apenas subió un 0,6 %, el menor aumento desde 2013 (Noticias de Navarra).
• En el primer trimestre de 2025, la tasa fue de 75,5 infracciones por cada 1.000 habitantes, muy similar a la media estatal (Delegación del Gobierno en Navarra).

👉 La evidencia muestra que la migración no dispara la inseguridad.

Retos que no podemos ignorar

Reconocer el valor de la migración no significa negar las dificultades. La integración requiere políticas públicas eficaces en vivienda, empleo y educación. Si no se gestiona bien, puede generar tensiones. Pero la respuesta no está en levantar muros, sino en diseñar soluciones que beneficien a toda la sociedad.

Migración como esperanza

Migrar no es un cálculo económico: es un ímpetu vital. En América Latina, millones de personas lo hicieron durante décadas como única salida. Hoy, esa misma fuerza sostiene a quienes llegan para trabajar, emprender o cuidar.

La migración es esperanza en movimiento: la convicción de que siempre es posible abrir un camino mejor.

Conclusión

La migración, bien gestionada, no es una amenaza: es una oportunidad. Es parte de la solución a la crisis demográfica y, además, una apuesta por un futuro más justo y sostenible.

Es, en definitiva, la buena noticia que España y Europa necesitan para volver a creer en su futuro.

Maria Correa Fagúndez

Pedir protección no debería ser tan difícil

España reconoce formalmente el derecho de asilo. Existen leyes, tratados internacionales y procedimientos para solicitarlo. Pero en la práctica, acceder al sistema de asilo es cada vez más difícil. Quienes llegan huyendo de situaciones extremas —violencia, persecución, amenazas— se enfrentan no solo al trauma del exilio, sino a un entramado legal y administrativo que parece diseñado para disuadir.

Barreras desde el primer paso

El primer obstáculo suele ser el acceso al procedimiento. Aunque cualquier persona puede solicitar asilo en frontera, comisaría o dentro del territorio, las citas están saturadas o directamente bloqueadas durante meses. Esto deja a muchas personas sin posibilidad real de formalizar su solicitud.

En contextos como Ceuta, Melilla o aeropuertos internacionales, se han documentado devoluciones sumarias y denegaciones sin garantías. La frontera no es solo geográfica: es también jurídica y política.

Las cifras no mienten

En los últimos años, España ha denegado más del 65% de las solicitudes de asilo, a pesar de que muchas proceden de países con contextos ampliamente reconocidos de violencia o inestabilidad. Mientras otros países europeos reconocen con mayor regularidad perfiles similares, en España la respuesta habitual es la inadmisión o la denegación.

El reconocimiento del estatuto de refugiado sigue siendo minoritario: la mayor parte de las resoluciones favorables otorgan solo protección subsidiaria, más limitada y frágil.

Una espera interminable

Aunque la ley establece plazos, lo habitual es que los procedimientos se alarguen durante más de un año. Mientras tanto, las personas solicitantes viven en un limbo jurídico: pueden residir legalmente, pero encuentran múltiples obstáculos para acceder al empleo, la formación o la vivienda.

La espera afecta la salud mental, dificulta la integración y prolonga la incertidumbre de quienes solo buscan seguridad y estabilidad.

El asilo, cada vez más estrecho

El endurecimiento de la política migratoria europea también tiene eco en España. El uso creciente de conceptos como “tercer país seguro” o “riesgo para la seguridad nacional” reduce las posibilidades de protección y aumenta las denegaciones por motivos formales.

Además, el relato institucional a menudo vincula migración con amenaza, lo que favorece una gestión securitaria del asilo: controles, sospechas, filtros. El enfoque humanitario se diluye en medio de procedimientos restrictivos.

¿Qué podemos hacer?

El derecho de asilo no puede quedarse en el papel. Requiere voluntad política, garantías reales y una mirada que ponga en el centro la dignidad humana.

Comprender las barreras del sistema es el primer paso. Sensibilizar sobre esta realidad es una forma de resistencia: porque lo que está en juego no es solo un trámite administrativo, sino la vida de miles de personas que han tenido que huir para seguir existiendo.