Cuando emigrar es un delito: la criminalización de la movilidad humana

14.09.25 07:00 AM - Por Paula

“Si cruzas esta línea sin permiso, eres un criminal”

Esta frase, tan sencilla como brutal, resume el enfoque con el que muchos Estados abordan la movilidad humana en pleno siglo XXI. Para millones de personas en todo el mundo, emigrar no es una opción, sino una necesidad. Sin embargo, lejos de encontrar protección o acogida, se enfrentan a muros, alambradas y normativas que los transforman, de forma casi automática, en infractores. ¿En qué momento huir del hambre, la violencia o la falta de oportunidades se convirtió en un crimen?

Migrar no es ilegal. Ser pobre, sí.

Pocas ideas están tan arraigadas como la de que hay formas “legales” e “ilegales” de emigrar. Pero lo que realmente diferencia a quienes pueden moverse libremente de quienes se arriesgan a cruzar el mar en una patera no es la voluntad, ni el deseo de progreso, sino el pasaporte que portan. Mientras una persona europea puede aterrizar en América Latina o África sin visa, una persona de Mali, Honduras o Marruecos necesita sortear una carrera de obstáculos burocráticos, visados restrictivos, entrevistas consulares arbitrarias y cuantías imposibles de acreditar.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 27.000 personas han muerto intentando llegar a Europa desde 2014. No porque quisieran evadir controles, sino porque no existía otra vía para solicitar protección o simplemente vivir con dignidad. ¿Quién tiene el derecho a decidir quién puede vivir dónde?

De refugiado a sospechoso: la doble vara migratoria

La guerra en Ucrania reveló una realidad incómoda. En cuestión de días, millones de personas desplazadas fueron acogidas con procedimientos simplificados, acceso directo a la vivienda, salud y educación. Una respuesta justa y solidaria que demostró que otra política migratoria es posible… pero no para todos.

Las personas que huyen de Siria, Afganistán o Eritrea —países devastados por conflictos similares— encuentran un trato muy distinto: controles fronterizos reforzados, externalización de fronteras, detenciones en CIEs y devoluciones en caliente. Se establece así una jerarquía de migrantes: los bienvenidos y los sospechosos, los que “merecen” protección y los que “vienen a aprovecharse”.

La criminalización se refuerza a través del lenguaje: se habla de “avalancha”, “oleada” o “efecto llamada”. Palabras que deshumanizan y alimentan la percepción de amenaza. Pero, ¿qué amenaza puede representar una madre que huye con sus hijos en busca de refugio?

El delito de no tener papeles

En España, residir sin autorización administrativa no es delito penal desde la reforma de 2015, pero sigue siendo una infracción grave sancionable con expulsión o multa. Muchas personas migrantes son detenidas, retenidas en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) hasta 60 días o deportadas sin juicio. La falta de documentación se convierte, en la práctica, en una excusa para privarlas de libertad y derechos.

En algunos casos, incluso se restringe el acceso al empadronamiento, a la asistencia sanitaria o a la escolarización de menores, pese a tratarse de derechos reconocidos por la legislación nacional e internacional. La irregularidad administrativa se convierte así en una forma de exclusión estructural.

¿Y si cambiamos la pregunta?

Frente a la obsesión por controlar, vigilar y excluir, conviene plantear otra mirada: ¿por qué emigran las personas? ¿Qué responsabilidad tienen los países de destino en los contextos que generan esas migraciones? ¿Y qué efectos tiene la criminalización sobre la vida de las personas y la cohesión social?

Los datos desmontan muchos mitos. La mayoría de personas migrantes trabaja, cotiza, emprende. Aportan más de lo que reciben. Son parte fundamental del presente y del futuro de nuestras sociedades.

Una cuestión de derechos humanos, no de fronteras

Desde MIGENE, lo tenemos claro: migrar es un derecho, no un delito. La movilidad humana debe abordarse desde la justicia social, la equidad global y la dignidad. Criminalizar a quien migra solo perpetúa el miedo, la desigualdad y la exclusión.

Necesitamos políticas públicas que reconozcan la humanidad de todas las personas, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. Necesitamos narrativas que desmonten el prejuicio y devuelvan el protagonismo a quienes se ven obligados a cruzar fronteras en busca de un futuro mejor.

Porque ninguna persona es ilegal. Y porque detrás de cada cifra hay un rostro, una historia y una esperanza que merece ser escuchada.


Referencias

  1. Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Missing Migrants Project. Disponible en: https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
  2. Migration Policy Institute (2020). Visas and Walls: Border and Entry Restrictions in Response to Covid-19. Disponible en: https://www.migrationpolicy.org/
  3. Eurostat (2023). Temporary protection of displaced persons from Ukraine. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230503-1
  4. Eurostat (2023). Enforcement of immigration legislation – Statistics Explained. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Enforcement_of_immigration_legislation_statistics
  5. Organización Internacional para las Migraciones (2022). Informe sobre Migración en el Mundo. Disponible en: https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022
  6. Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Art. 53.1.a. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544

Sobre la autora:
​Paula Costa

Abogada especializada en Derecho de Extranjería y Penal, e investigadora en el área de Filosofía del Derecho en la Universidad de Navarra. Su trabajo se centra en el análisis crítico de las políticas migratorias, la criminalización de la pobreza y el control social. Es graduada en Derecho por la Universidad de Navarra y máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías por la Universidad Católica de Murcia. Combina la práctica jurídica con la investigación en criminología y derechos humanos. Actualmente es presidenta de la Asociación Migrazio eta Giza Eskubideen Nafarroako Elkartea (MIGENE).

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