Aunque cada año miles de mujeres cruzan fronteras huyendo de la violencia, la trata o la persecución por motivos de género, sus historias rara vez encajan en los marcos jurídicos diseñados para otorgar protección. Las políticas de asilo, aparentemente neutras, arrastran una lógica que prioriza el relato masculino de la persecución política, mientras silencian las formas más comunes de violencia que sufren millones de mujeres en todo el mundo.

Las políticas que no ven

Según datos del Informe CEAR 2025, del total de personas solicitantes de asilo en España en 2024, el 39,6% fueron mujeres. En países como Colombia o Venezuela, principales lugares de origen, las mujeres representan más del 50% de las personas desplazadas forzosamente, muchas de ellas huyendo de violencia basada en género o amenazas en contextos de conflicto armado.

El sistema de asilo en España —como en gran parte del mundo— no contempla adecuadamente las violencias estructurales y específicas que obligan a las mujeres a abandonar sus países. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advierte en su Informe 2024, publicado en junio 2025, que “el enfoque de neutralidad del sistema de asilo no responde a la realidad de mujeres que han huido de persecución por violencia de género, mutilación genital femenina o trata”. Estas formas de violencia, aunque reconocidas por el derecho internacional, son frecuentemente ignoradas o minimizadas durante las entrevistas y los procesos de evaluación.

Además, muchas mujeres no pueden contar su historia. La falta de intérpretes con formación en violencia de género, el temor a la revictimización, y la presión para demostrar hechos íntimos e inmateriales ante funcionarios ajenos a su realidad, construyen una barrera casi infranqueable. Como señala el Informe CEAR 2023, en muchos casos “la ausencia de garantías y apoyos adecuados impide a las mujeres relatar lo vivido”.

Violencias que no caben en el relato oficial

De acuerdo con Amnistía Internacional (2023), 8 de cada 10 mujeres entrevistadas en contextos de desplazamiento en América Latina reportaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual o de género en su país de origen o durante el trayecto migratorio. Sin embargo, estas experiencias no son tenidas en cuenta como motivos suficientes para obtener protección internacional.

Las violencias que atraviesan a las mujeres migrantes y refugiadas no empiezan ni terminan en las fronteras. En muchos casos, su desplazamiento comienza dentro de su propio hogar o comunidad. La violencia sexual, los matrimonios forzados, la trata con fines de explotación y la violencia doméstica no se reconocen como “persecución política” bajo la mirada tradicional.

El informe regional de Amnistía Internacional (2023) sobre mujeres desplazadas en América Latina señala: “Los Estados siguen tratando las migraciones como fenómenos neutros, ignorando cómo el género, la etnicidad y la clase agravan la vulnerabilidad” (p. 10). Esta invisibilidad no es un descuido: es parte de una estructura institucional que sigue sin mirar los cuerpos y experiencias que desbordan el modelo clásico del refugiado político.

Diana Britto lo resume magistralmente: “El rostro del desplazamiento forzado no es neutro. Tiene cuerpo de mujer, historia de exclusión y resistencia” (Brito, 2010).

Resistir cuidando

Según el informe de Montalvo (2025), más del 60% de las mujeres desplazadas entrevistadas reconocieron haber creado o participado en redes de apoyo informales durante su tránsito migratorio, como forma de resistir la desprotección institucional. Estas redes incluyen cuidado mutuo, organización logística, contención emocional y protección ante agresiones.

Frente a la ausencia institucional, las mujeres refugiadas han desarrollado prácticas colectivas de protección y cuidado que garantizan su propia supervivencia. El artículo de Montalvo (2025) recoge estos gestos como expresiones de agencia política: “El cuidado no es un acto secundario. Es una práctica política que permite a las mujeres desplazadas sostener la vida en medio del desarraigo”.

Uno de los ejemplos más potentes es el fanzine de cuidados en movimiento, una revista elaborada por mujeres en situación de desplazamiento forzado. En sus páginas recogen estrategias para protegerse durante el trayecto migratorio, mantener la salud mental, criar en contextos hostiles o resistir al control institucional. Lejos de la imagen de víctima pasiva, estas mujeres se cuidan entre ellas, se narran y se reconstruyen.

La urgencia de otra mirada

Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en la necesidad de reformar los sistemas de protección desde una lógica feminista e interseccional. No se trata solo de incluir a las mujeres en las estadísticas, sino de transformar las reglas del juego.

CEAR reclama que “las violencias machistas sean tratadas como causas legítimas de protección internacional” (Informe 2025).

Escuchar es proteger

Escuchar a las mujeres refugiadas no es un gesto compasivo: es una obligación ética. Mientras sus relatos sigan siendo descartados por “no encajar” en los moldes tradicionales del asilo, el sistema seguirá perpetuando su exclusión.

Como escribió una activista desplazada en las páginas del fanzine de cuidados:

“No basta con abrir las fronteras. Hay que abrir los ojos.”

Conclusión

Las mujeres refugiadas no solo enfrentan el abandono de sus países de origen, sino también la incomprensión de los sistemas de asilo que deberían protegerlas. Sus voces no encajan en las categorías tradicionales del derecho, pero sí hablan de experiencias de violencia que exigen una respuesta urgente y transformadora. Incorporar una perspectiva de género y justicia social no es una opción: es una deuda histórica. Nombrarlas, escucharlas y garantizar su derecho a vivir libres de violencia debe estar en el centro de cualquier política migratoria que se llame humana.

Referencias bibliográficas

Pedir protección no debería ser tan difícil

España reconoce formalmente el derecho de asilo. Existen leyes, tratados internacionales y procedimientos para solicitarlo. Pero en la práctica, acceder al sistema de asilo es cada vez más difícil. Quienes llegan huyendo de situaciones extremas —violencia, persecución, amenazas— se enfrentan no solo al trauma del exilio, sino a un entramado legal y administrativo que parece diseñado para disuadir.

Barreras desde el primer paso

El primer obstáculo suele ser el acceso al procedimiento. Aunque cualquier persona puede solicitar asilo en frontera, comisaría o dentro del territorio, las citas están saturadas o directamente bloqueadas durante meses. Esto deja a muchas personas sin posibilidad real de formalizar su solicitud.

En contextos como Ceuta, Melilla o aeropuertos internacionales, se han documentado devoluciones sumarias y denegaciones sin garantías. La frontera no es solo geográfica: es también jurídica y política.

Las cifras no mienten

En los últimos años, España ha denegado más del 65% de las solicitudes de asilo, a pesar de que muchas proceden de países con contextos ampliamente reconocidos de violencia o inestabilidad. Mientras otros países europeos reconocen con mayor regularidad perfiles similares, en España la respuesta habitual es la inadmisión o la denegación.

El reconocimiento del estatuto de refugiado sigue siendo minoritario: la mayor parte de las resoluciones favorables otorgan solo protección subsidiaria, más limitada y frágil.

Una espera interminable

Aunque la ley establece plazos, lo habitual es que los procedimientos se alarguen durante más de un año. Mientras tanto, las personas solicitantes viven en un limbo jurídico: pueden residir legalmente, pero encuentran múltiples obstáculos para acceder al empleo, la formación o la vivienda.

La espera afecta la salud mental, dificulta la integración y prolonga la incertidumbre de quienes solo buscan seguridad y estabilidad.

El asilo, cada vez más estrecho

El endurecimiento de la política migratoria europea también tiene eco en España. El uso creciente de conceptos como “tercer país seguro” o “riesgo para la seguridad nacional” reduce las posibilidades de protección y aumenta las denegaciones por motivos formales.

Además, el relato institucional a menudo vincula migración con amenaza, lo que favorece una gestión securitaria del asilo: controles, sospechas, filtros. El enfoque humanitario se diluye en medio de procedimientos restrictivos.

¿Qué podemos hacer?

El derecho de asilo no puede quedarse en el papel. Requiere voluntad política, garantías reales y una mirada que ponga en el centro la dignidad humana.

Comprender las barreras del sistema es el primer paso. Sensibilizar sobre esta realidad es una forma de resistencia: porque lo que está en juego no es solo un trámite administrativo, sino la vida de miles de personas que han tenido que huir para seguir existiendo.